El acceso al agua en la Agenda de Desarrollo Post-2015: un desafío al proceso democrático

José Esteban Castro

La Meta 6 de la Agenda Post-2015 busca garantizar la “disponibilidad y la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento para todos”. La meta está relacionada con la noción de que el acceso al agua es un derecho humano, aprobado por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2010. Garantizar que el acceso al agua y el saneamiento sean para todos no es meramente una cuestión de factibilidad técnica. Más bien, es una cuestión de política democrática. Sin embargo, para lograr esta meta, especialmente en el mundo en desarrollo, necesitamos examinar críticamente las tendencias internacionales dominantes que tratan al agua como una mercancía, lo cual constituye un obstáculo mayor para el logro de la Meta 6.

El desafío

El informe de la ONU de 2014 sobre el progreso alcanzado en la relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) muestra que, a pesar de avances considerables, el acceso a los servicios de agua y saneamiento sigue siendo una gran preocupación. Aunque el informe celebra el logro nominal de haber reducido a la mitad el porcentaje de población que no tenía acceso a “fuentes mejoradas” de agua, predice que 45 países no lograrán esa meta. Es más, el informe reconoce que las personas con acceso a “fuentes mejoradas” de agua “no necesariamente tienen agua segura” [1]. Es decir, si consideramos la calidad y la seguridad del agua, estamos lejos de lograr la meta del agua de los ODM.

La situación es aún más preocupante en relación al saneamiento. El informe confirma que mil millones de personas aún practican la defecación a cielo abierto y que estamos lejos de alcanzar la meta de reducir a la mitad la proporción de población sin acceso al servicio para 2015 [1]. Debemos enfatizar que los ODM buscan reducir a la mitad la población mundial sin acceso a estos servicios. Una gran cantidad de seres humanos continuarán sufriendo enfermedades prevenibles y muerte prematura incluso si los ODM son alcanzados. Esto significa que, de acuerdo a cálculos muy optimistas, 700 millones de personas seguirán sin acceso al agua aún si los ODM son alcanzados, y más de 1700 millones de personas seguirán sin ningún tipo de servicio de saneamiento.

La mercantilización del agua

En años recientes hemos visto algunos cambios positivos en los debates sobre la “crisis del agua”, con un reconocimiento creciente de que dicha crisis es multidimensional y que sus causas no se limitan a los aspectos técnicos y físico-naturales. Aunque seguimos teniendo una necesidad continua de desarrollo tecnológico en la gestión del agua, es claro que la crisis no se debe a la falta de tecnología, ni siquiera en los países más pobres. Por ejemplo, las tecnologías para proveer agua segura para beber han estado disponibles por décadas. La crisis del agua es claramente resultante de la compleja interacción entre procesos y factores sociales y físico-naturales, pero el impacto de las actividades humanas se ha convertido crecientemente en un factor dominante. En los últimos dos siglos este impacto humano se ha acentuado significativamente con la expansión de formas de organización social de carácter capitalista, enraizadas en una visión particular de las relaciones entre los seres humanos y la base material de la vida. El ethos capitalista está determinado por el imperativo de la acumulación privada de ganancia como meta social primordial, lo que, por una parte, reduce a la naturaleza a un conjunto de materias primas, fuentes energéticas y depósitos de basura resultantes del proceso de producción y consumo masivos, y por otra, subordina la complejidad del proceso de desarrollo humano a la dimensión del crecimiento económico. Un motor fundamental de la expansión global del ethos capitalista es el proceso de mercantilización de la base de la vida y de la vida misma, incluyendo el agua.

En este sentido, en los últimos años, expertos financieros internacionales han declarado que el agua es “la nueva mercancía” [2] y de hecho se está dando un proceso de acaparamiento de agua (y de tierra) en África, Asia, América Latina, e incluso en Europa [3]. Esto incluye diferentes formas de mercantilización, incluyendo la privatización de las fuentes de agua y de los servicios basados en el agua. Privatizar el agua es un ejemplo del proceso más general de mercantilización de la vida, transformando a los bienes naturales en propiedad privada mercantilizable. Entre otros impactos de este proceso vemos la expropiación y desplazamiento de grandes poblaciones de sus territorios y el incremento masivo del impacto de las actividades humanas sobre el ciclo del agua, con la expansión de industrias extractivas, notoriamente la minería a gran escala, la agricultura intensiva, los proyectos energéticos no convencionales (como el fracking), etc. En áreas urbanas, la expresión más importante de la mercantilización es el crecimiento de la industria del agua embotellada, la que ha sido denominada la mercancía “perfecta”. Ya contamos con ejemplos excelentes de cómo enfrentar esta amenaza, como por ejemplo la prohibición del agua envasada en botellas plásticas y su reemplazo por agua de red suministradas por empresas públicas adoptada por los gobiernos de ciudades líderes a nivel internacional, como San Francisco y Nueva York. De igual forma, muchas ciudades de nivel internacional, incluyendo Atlanta, Berlín, Buenos Aires, Cochabamba, La Paz, París y Yakarta, entre muchas otras, han cancelado la privatización de los servicios de agua y saneamiento y retornado esos servicios al sector público. [4] Estos ejemplos de des-mercantilización nos muestran el camino a seguir.

Si pretendemos lograr la “disponibilidad y la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento para todos” como lo declara la Meta 6, necesitaremos garantizar la infraestructura requerida incluso para la gran parte de la población mundial que no puede pagar el costo real de dichos servicios. Los países que consiguieron universalizar el acceso, como la mayor parte de Europa occidental o los Estados Unidos durante el siglo XX, lo lograron porque se aceptó que dichos servicios no son mercancías, son bienes públicos que deben estar disponibles para todos. Esta lección histórica debe ser tomada seriamente si es que realmente nos proponemos alcanzar la Meta 6. Los indicadores que debemos adoptar para medir el progreso en el alcance de la meta 6 deben contemplar los factores económicos, políticos y sociales relevantes que tienen un impacto sobre el acceso a los servicios de agua y saneamiento.

El agua como derecho humano

El principal desafío en el proceso de garantizar el acceso universal a estos servicios tiene que ver con la confrontación actual entre proyectos de sociedad excluyentes e incluyentes. Los primeros producen desigualdad e injusticia al tratar al agua como una mercancía que debe estar disponible solamente a quienes pueden pagar su precio de mercado. Los proyectos incluyentes se basan en los principios de la igualdad y la democracia substantiva, material, y conciben a estos servicios como un bien público, que debe ser garantizado por el estado. Las confrontaciones entre estos proyectos divergentes de sociedad pueden ejemplificarse con el debate sobre el derecho humano al agua. Este debate se enfoca en el acceso a pequeños volúmenes de agua necesarios para la vida humana digna, que la Organización Mundial de la Salud estima entre 50 y 100 litros de agua diarios por persona, para necesidades domésticas.

Por muchos años un número importante de países involucrados en este debate rechazaron, con argumentos diversos, la posibilidad de declarar que el acceso a estos volúmenes esenciales de agua es un derecho humano. Finalmente, en julio de 2010 122 países votaron a favor de la resolución de la ONU y declararon el derecho humano al agua, pero 41 países se abstuvieron y 29 estuvieron ausentes en la votación. [5] La sociedad global, o al menos los gobiernos que representan a su población, no tiene un posición común sobre algo tan básico como aceptar que el acceso a los volúmenes esenciales de agua segura para cada ser humano del planeta es un derecho, simplemente por ser humano. Este es un ejemplo claro del dilema social, político y ético que confrontamos.

La implementación del derecho humano al agua en todos los países debería ser un objetivo de la Meta 6. Sin embargo, el objetivo debe ser especificado con indicadores relevantes. Los países deben crear mecanismos legales y administrativos que prevengan la mercantilización de las fuentes de agua y de los servicios básicos. Si los países continúan permitiendo el control de las fuentes de agua y de los servicios básicos por empresas privadas y empresarios poderosos, el derecho humano al agua no pasará de ser una romántica idea que nunca se pudo implementar en la práctica.

La implementación del derecho humano al agua también requiere enfrentar la crisis mundial del agua, particularmente la contaminación de los cuerpos de agua y los procesos antropogénicos de desertificación y desecamiento. Estas son tareas enormes que muchos gobiernos en los países en desarrollo, incluyendo aquellos comprometidos con el derecho humano al agua, encontrarán extremadamente difíciles de realizar debido a restricciones financieras, falta de recursos humanos, etc. Los indicadores para este objetivo deben tomar en cuenta la necesidad de la corresponsabilidad internacional en este asunto.

Un tema de democracia

Una parte importante de la población mundial continúa sin acceso a unos pocos litros de agua para consumo y a servicios básicos de saneamiento, lo cual es el resultado de condiciones de injusticia y desigualdad estructurales. Las decisiones de política pública en relación a estos servicios casi siempre han sido implementadas en ausencia de debate público democrático. Es extremadamente raro que la política y la gestión del agua sean transparentes a la ciudadanía. En general estas actividades se llevan a cabo sin una prestación pública de cuentas y muchas veces la gestión de las mismas es abiertamente autoritaria y vertical. No existen en general mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos comunes el ejercicio del control democrático sobre estas actividades. Al decidir sobre los indicadores de la Meta 6, hay dos aspectos fundamentales a tomar en cuenta para promover el proceso de democratización en la política y la gestión del agua:

• La democratización del acceso a los servicios de agua y saneamiento, con el objeto de promover prácticas democráticas substantivas en el sector del agua, basadas en el principio de la igualdad.
• La implementación de políticas públicas que sujeten a las actividades de gobierno y gestión de los servicios de agua y saneamiento al escrutinio y control ciudadanos.

Para alcanzar los objetivos de la Meta 6, deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

 Las causas del fracaso en la provisión de servicios adecuados de agua y saneamiento son multidimensionales, involucran procesos y factores naturales, sociales, e individuales, y requieren soluciones sistémicas fundadas en el conocimiento interdisciplinario y en la colaboración intersectorial en la formulación e implementación de políticas públicas.

 El sector del agua debe estar sujeto al control democrático, que democratice la política y la gestión del agua, lo cual requiere la creación de mecanismos legales y administrativos efectivos que permitan un involucramiento significativo, no meramente formal, de la ciudadanía.

 Los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, las agencias de cooperación, y otros actores relevantes deben abandonar su apoyo a la mercantilización la privatización. Las políticas de mercantilización del agua que han prevalecido durante las últimas tres décadas han fracasado en contribuir al logro de los ODM y han creado una proliferación de conflictos sociales.

 Es necesario apoyar el desarrollo de asociaciones público-públicas y público-comunitarias para convertir el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento un bien público y un derecho humano en la práctica. Es necesario también reconstruir las capacidades de planificación y diseño e implementación de políticas públicas, a todos los niveles, con énfasis en las autoridades locales.

A pesar de los logros significativos en alcanzar los ODM de reducir el déficit en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, aún persiste una brecha enorme para alcanzar la universalización del acceso a dichos servicios. La Declaración del Derecho Humano al Agua por parte de la ONU en 2010 nos da una oportunidad para repensar y reconfigurar las prioridades y los mecanismos que deben ser adoptados para las estrategias de desarrollo pos 2015. Sin embargo, el proceso que llevó a la aprobación de dicha Declaración nos deja una advertencia importante: docenas de países no apoyan la noción de que existe un derecho humano universal al acceso a los servicios de agua y saneamiento. La razón para dicha postura es que muchos de estos países consideran que dicho servicios deben ser mercantilizados, no considerados como derechos o bienes públicos.

Lograr la universalización del acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento es un proyecto político incluyente, que por definición no puede implementarse en el marco de proyectos políticos excluyentes, como los que promueven la mercantilización del agua y de los servicios básicos. Requerirá planificación de largo plazo, no solamente para construir la infraestructura y extender la cobertura, sino también para que los sistemas sean sostenibles en el tiempo y que los servicios sean accesibles a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago de los individuos y las familias. Las políticas públicas requeridas para lograr la universalización de los servicios esenciales deben estar fundadas en el principio de la igualdad, y deben subordinar la eficiencia económica y la ganancia privada a los objetivos más elevados de la distribución democrática de la riqueza y el bienestar civilizado.